La Fiscalía General de la República ha intensificado las investigaciones sobre el huachicol fiscal en Altamira, revelando nueva documentación clasificada vinculada a los hermanos Farías Laguna. Mientras la defensa de los implicados cuestiona la temporalidad de los hallazgos, el caso continúa exponiendo una compleja red de contrabando de hidrocarburos en el sur de Tamaulipas.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la misiva del exvicealmirante Manuel N, quien se declaró un chivo expiatorio en el caso de huachicol fiscal. La mandataria subrayó que las acusaciones deberán ser validadas por la Fiscalía General de la República para determinar su veracidad.

El ex vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, procesado por presunto huachicol fiscal marítimo, envió una nueva misiva a la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar la negativa de la Secretaría de Marina de entregar información clave para su defensa.

Una jueza federal otorgó la suspensión definitiva al empresario José María de la Peña Ramos, frenando el inicio de su juicio oral por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos vinculados a una red encabezada por Ernesto Ruffo Appel.

Un juez federal negó por segunda ocasión el amparo a Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, ex verificadora de la Agencia Nacional de Aduanas, quien permanece en prisión por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.

Un juez federal otorgó una suspensión provisional al ex contralmirante Fernando Farías Laguna, quien enfrenta cargos por delincuencia organizada vinculada al tráfico ilícito de hidrocarburos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre tres líneas de investigación federales que buscan desarticular el contrabando de combustibles, incluyendo el caso de un buque en Tampico y el uso de ferrotanques en Piedras Negras.

La Fiscalía General de la República incautó expedientes clasificados, armas y objetos de lujo en un inmueble relacionado con el vicealmirante Roberto Farías Laguna, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

El gobierno federal ha girado su estrategia contra el mercado ilícito de combustibles, pasando del control volumétrico a la fiscalización directa de factureras que operan sin permisos legales.

La Agencia Nacional de Aduanas de México ha cesado a mil 400 servidores públicos y presentado denuncias ante la FGR como parte de una estrategia integral contra la corrupción y el contrabando.

En medio de investigaciones sobre redes de corrupción que involucran a funcionarios, aduanas y empresas, el Paquete Económico para 2027 contempla una reducción del 6.8% en los recursos destinados a la lucha contra este fenómeno.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Paquete Económico 2027 incluirá mecanismos para rastrear el IEPS en combustibles, buscando frenar el contrabando y la evasión fiscal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que aún no es posible descartar que el combustible asegurado en Guanajuato sea huachicol, mientras las autoridades federales continúan con la revisión de los permisos de la empresa involucrada.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, desde el inicio de su administración, se han retirado 63 permisos a agentes aduanales debido a irregularidades detectadas en el manejo de mercancías, principalmente vinculadas al contrabando de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha atraído formalmente la investigación sobre el histórico decomiso de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) asumirá el caso tras el operativo que desmanteló una red de almacenamiento ilícito de gran escala.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja ha iniciado un proceso para solicitar juicios políticos contra el gobernador, el fiscal y el Tribunal de Justicia de Coahuila, señalando graves irregularidades en la entidad.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, precisó que su dependencia actuó únicamente como apoyo a la Fiscalía General de la República en el decomiso de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide.

Un tribunal colegiado ratificó la suspensión definitiva a favor del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, frenando temporalmente el inicio de su juicio oral por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.