El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emprendido una ofensiva contundente contra el denominado 'huachicol fiscal'. Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la autoridad fiscal canceló la capacidad de emitir facturas a 2,205 empresas que comercializaban gasolina o diésel de procedencia ilegal. Esta cifra resulta significativa al contrastarla con los 714 permisos de comercialización vigentes ante la Comisión Nacional de Energía (CNE), lo que evidencia que el número de entidades sancionadas supera ampliamente a los comercializadores autorizados.
El esquema detectado por las autoridades involucra a empresas que, bajo diversas razones sociales, emiten comprobantes fiscales (CFDI) para amparar combustible ilícito, incluso si su actividad principal no está relacionada con el sector energético. Marcial Díaz, socio de QUA Energy Consulting, señaló que estas 'factureras' aprovechan la falta de conocimiento de los compradores sobre la obligatoriedad de los permisos de la CNE para otorgar una apariencia de legalidad a operaciones que, en realidad, evaden el pago de impuestos al fisco.
Como parte de la estrategia para el Paquete Económico 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal busca implementar la trazabilidad del IEPS en los combustibles. El objetivo es rastrear el impuesto desde la importación hasta la venta final al consumidor, cerrando así los espacios para la evasión. 'Queremos que el IEPS a los combustibles tenga trazabilidad. No puede ser de inmediato porque tiene que adecuarse el SAT, pero es una de las propuestas', declaró la mandataria el pasado 4 de septiembre.
Esta nueva fase complementa, mas no sustituye, los controles volumétricos establecidos en 2018 bajo el Anexo 30 de la Miscelánea Fiscal, los cuales registran los flujos físicos de hidrocarburos desde refinerías o importación hasta la estación de servicio. Si bien estos controles han ayudado a formalizar el mercado, el gobierno busca ahora una vigilancia integral que cruce la información fiscal con la operativa.
La urgencia de estas medidas responde al impacto en las finanzas públicas. En octubre de 2025, la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, estimó el daño al erario en 600,000 millones de pesos por casos bajo investigación. Adicionalmente, el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum reveló la detección de 3,109 casos de clasificación arancelaria incorrecta en petrolíferos, mientras que Pemex reportó pérdidas por 9,180 millones de pesos al cierre del segundo trimestre de 2026 debido al robo físico de hidrocarburos.
