CIUDAD DE MÉXICO. — La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo un cateo en una bodega ubicada en la capital del país, la cual era presuntamente arrendada por el vicealmirante Roberto Farías Laguna. Durante la diligencia, las autoridades aseguraron documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, además de armas sin registro y diversos objetos de lujo.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó a través de un videomensaje que esta operación forma parte de las investigaciones sobre el caso del buque interceptado en 2025 en Puerto Altamira, Tamaulipas, el cual transportaba 10 millones de litros de diésel. Según la FGR, detrás de este ilícito operaba una red criminal encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, conocidos como "Los Primos", quienes gestionaban la importación, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ilegal.
De acuerdo con la fiscal, los hermanos Farías habrían intervenido en la designación de personal y ascensos dentro de la Secretaría de Marina, la Administración Nacional de Aduanas de México y diversas aduanas marítimas. Roberto Farías, en particular, era señalado por gestionar directamente estos nombramientos para consolidar una estructura de complicidades.
El esquema operativo consistía en el traslado de hidrocarburo desde Texas, el cual era declarado falsamente como aceite o aditivo para evadir impuestos. "Servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar. Las inspecciones, cuando llegaban a realizarse, eran una simulación", explicó Godoy Ramos. La red garantizaba la liberación de mercancía mediante muestreos superficiales, manipulación de volúmenes y la desactivación deliberada de cámaras de vigilancia durante las descargas.
El combustible era distribuido posteriormente a través de tres empresas legalmente constituidas, mientras que una red de compañías fachada y triangulaciones financieras daban apariencia de legalidad a los ingresos. La FGR precisó que la red operaba en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
Finalmente, la fiscal subrayó que el actual secretario de Marina, el almirante Raymundo Morales Ángeles, da seguimiento puntual a las investigaciones. "La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado. Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen tiene que responder ante la justicia", concluyó.
