CIUDAD DE MÉXICO, México. — La jueza Azucena Lazalde Íñiguez, titular del juzgado segundo de distrito en materia penal en el Estado de México, concedió una suspensión definitiva a favor del empresario José María de la Peña Ramos. Esta resolución detiene temporalmente la apertura del juicio oral en su contra por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, hasta que se resuelva el fondo del amparo promovido por el imputado el pasado 20 de agosto.
De la Peña Ramos, quien fue vinculado a proceso en julio de 2026, enfrenta acusaciones por su presunta participación en un esquema de "huachicol fiscal" que, según la Fiscalía General de la República (FGR), era liderado por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. A diferencia de otros involucrados en el caso que permanecen en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, el empresario cumple actualmente con la medida de prisión domiciliaria debido a su estado de salud.
La investigación de la FGR detalla un complejo entramado de simulaciones operado a través de 11 compañías. Entre ellas destaca Fundentes SA de CV, empresa donde De la Peña Ramos fungía como accionista y presidente del consejo de administración. El objetivo de esta red era introducir ilegalmente al país 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos, incluyendo diésel y gasolina, transportados en 163 carrotanques, evadiendo impuestos y regulaciones aduaneras.
Las autoridades federales lograron asegurar 129 de estos carrotanques: 33 localizados en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo, Coahuila, los cuales contenían más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin la documentación legal correspondiente. Según el expediente, la firma Internacional de Fundentes, vinculada al imputado, aceptó ser la destinataria final de la mercancía importada por Ingemar SA de CV, propiedad de Ruffo Appel, facilitando así la consumación de las operaciones ilícitas.
