El proceso judicial contra el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ha experimentado un giro significativo. Un tribunal colegiado confirmó la suspensión definitiva otorgada al ex mandatario, medida que impide la apertura del juicio oral en su contra hasta que se resuelva de fondo el amparo solicitado.

La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria remota por los magistrados Yuriko Delgado Cháirez, Jorge Mario Montellano Iturralde y María del Socorro Castillo Sánchez, integrantes del primer tribunal colegiado en materia penal del estado de México. Los juzgadores declararon infundado el recurso de queja interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual buscaba revertir la medida cautelar otorgada inicialmente por un juez de distrito.

La FGR argumentó que la suspensión afectaba el interés social y el orden público, al tratarse de delitos de alto impacto como el contrabando y la delincuencia organizada, los cuales, según el Ministerio Público, vulneran la estabilidad económica y la seguridad nacional. No obstante, el magistrado Montellano Iturralde desestimó estos señalamientos, señalando que el juez de distrito actuó conforme a la Ley de Amparo.

"El juez de distrito nuevamente estableció los efectos en términos de lo que señala el legislador, es decir, nuestros senadores y diputados. Y, por tanto, frente a este concepto el Ministerio Público no viene cuestionando esta decisión, sino viene aludiendo a términos genéricos, a temas de interés social y orden público, los cuales el legislador ya considera", explicó Montellano Iturralde.

El origen de este litigio se remonta al 28 de agosto, cuando Ruffo Appel promovió el amparo ante Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez cuarto de distrito en materia penal en el estado de México. Dicha resolución suspendió la etapa intermedia del proceso judicial.

Actualmente, Ruffo Appel permanece recluido en el penal de El Altiplano. Las autoridades lo señalan, junto a otros cómplices, de haber orquestado un esquema mediante 11 empresas para introducir ilegalmente al país 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos, incluyendo diésel y gasolina, transportados en 163 carrotanques. Según la acusación, esta operación evadió regulaciones aduaneras y contribuciones fiscales para comercializar el combustible fuera de los canales autorizados.