CHIHUAHUA, Chih. — En el ecosistema laboral de México, los trabajadores de confianza ocupan una posición singular. Lejos de ser una etiqueta arbitraria, esta categoría se determina por la naturaleza de las tareas desempeñadas, según lo estipulado en el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Estas funciones incluyen actividades de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general, así como labores personales del patrón dentro de la empresa. La relevancia de este estatus quedó patente este viernes 4 de septiembre de 2026, cuando decenas de empleados y empleadas se concentraron desde las 8:00 de la mañana en la ciudad de Chihuahua para integrar un contingente que recorrió diversas avenidas principales en el marco de protestas sindicales.
El régimen en el sector privado
Aunque estos trabajadores mantienen una relación estrecha con el empleador, la ley garantiza protecciones básicas. Tienen derecho a la inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acceso al reparto de utilidades (PTU) —con excepción de directores, administradores y gerentes generales—, vacaciones anuales pagadas de al menos 12 días laborables tras el primer año, una prima vacacional del 25%, aguinaldo e indemnización constitucional ante despidos injustificados.
No obstante, existen restricciones claras: no pueden sindicalizarse, representar a otros trabajadores en organismos colectivos ni participar en recuentos de huelgas o conflictos de titularidad. Además, el artículo 185 de la LFT permite al patrón rescindir el contrato por pérdida de confianza, incluso si la causa no figura en el artículo 47 de la ley. Si el trabajador fue promovido desde una plaza de planta, conserva el derecho de regresar a su puesto original, salvo causa justificada de separación.
El panorama en el sector público
La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) establece criterios más estrictos. Según su artículo 5, esta categoría abarca desde personal de la Presidencia de la República hasta puestos de dirección con poder de decisión, jefaturas, auditorías, responsables de almacenes, investigadores científicos y secretarios particulares, entre otros. En el Poder Legislativo, incluye cargos directivos, de asesoría y resguardo, mientras que en el Poder Judicial comprende a los secretarios de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El artículo 8 de la LFTSE es contundente: los trabajadores de confianza están excluidos del régimen de inamovilidad y estabilidad laboral que protege a los trabajadores de base, y tienen prohibido formar parte de sindicatos. Al igual que en el sector privado, si un trabajador de base es promovido temporalmente a un puesto de confianza, mantiene el derecho de retornar a su plaza original al concluir su encargo.
