Las autoridades rusas han implementado un sistema de incentivos y presiones para aumentar el número de reclutas destinados al frente en Ucrania, evitando así una movilización masiva abierta. Según organizaciones de derechos humanos, el reclutamiento se ha vuelto una actividad altamente remunerada, enfocándose en personas en situación de vulnerabilidad, como individuos con antecedentes penales, deudas, problemas de salud o aquellos que viven solos.

La organización 'Llamamiento a la conciencia' (Prizyv k sovesti) reportó un aumento repentino de estos incidentes en julio, con 12 casos registrados, y seis adicionales a mediados de agosto en regiones de Siberia y el Cáucaso. Por su parte, la ONG 'Vete al bosque' (Idite lesom) recibió 26 denuncias en agosto, mientras que 'Escuela del conscripto' (Shkola prizyvnika) contabilizó 11 en los últimos dos meses. Además, se han documentado 51 y 13 denuncias, respectivamente, sobre jóvenes que cumplen el servicio militar obligatorio y son coaccionados para firmar contratos profesionales.

El esquema de incentivos es amplio: al menos 44 regiones han implementado bonificaciones para reclutadores por cada nuevo soldado contratado, con pagos que oscilan entre los 10,000 y 1,000,000 de rublos (aproximadamente entre 100 y 10,000 euros). Timoféi Vaskin, jefe del departamento jurídico de 'Escuela del conscripto', señala que las autoridades locales utilizan registros públicos, historiales médicos y datos judiciales para identificar a los objetivos más fáciles de coaccionar.

A pesar de las denuncias, el presidente Vladímir Putin ha negado en repetidas ocasiones planes de una nueva movilización forzosa. El mandatario afirmó el jueves en Vladivostok que no existe ningún escenario que la requiera, calificando las informaciones como desinformación. Según cifras oficiales, Rusia mantiene a más de 700,000 militares desplegados en Ucrania, con un reclutamiento anual de unos 400,000 soldados por contrato desde 2023.

Los métodos de captación incluyen desde engaños en universidades, donde se promete a estudiantes rezagados puestos en unidades de drones, hasta la detención arbitraria de ciudadanos. En casos extremos, como el reportado por 'Vete al bosque' en Novorosíisk, se ha forzado a personas a elegir entre un proceso penal por posesión de drogas o la firma de un contrato militar. En otros escenarios, reservistas son engañados con la promesa de tareas de defensa local, para terminar siendo enviados a unidades de combate regulares.