El Congreso mexicano ha retomado el debate sobre una reforma integral a las sociedades de información crediticia, con el objetivo de facilitar la reincorporación de los ciudadanos al sistema financiero formal. Este miércoles 2 de septiembre, los legisladores acordaron iniciar mesas técnicas para alcanzar consensos sobre una iniciativa presentada originalmente en noviembre de 2025 por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT).

El eje central de la propuesta es reducir de 72 a 36 meses el tiempo que la información negativa permanece en el historial de los usuarios. Mejía Berdeja ha calificado la situación actual como una "muerte civil financiera", donde las personas quedan marginadas del crédito tras un incumplimiento. Para evitar esto, la reforma busca obligar a bancos, tiendas departamentales y comercios a reportar de manera inmediata cuando una deuda ha sido liquidada, estableciendo sanciones para quienes retrasen esta actualización.

Otro punto crítico es la venta de cartera vencida. La iniciativa pretende garantizar que, cuando una deuda es transferida a un despacho de cobranza, se mantenga como referencia la fecha original del incumplimiento. Esto busca impedir que la reestructura o venta de la cartera se interprete como un nuevo financiamiento, lo cual actualmente reinicia el periodo de castigo y crea lo que los promotores llaman una "cadena perpetua financiera".

La propuesta también contempla un esquema de trato diferenciado basado en el monto de la deuda. Bajo un modelo escalonado, los adeudos menores tendrían consecuencias y tiempos de permanencia distintos a los de deudas considerables. Asimismo, se busca implementar la "rehabilitación financiera acelerada" para quienes han regularizado su situación, además de exigir mayor transparencia a las sociedades de información crediticia sobre los criterios que determinan el score de cada usuario.

Durante la sesión, la diputada Iraíz Reyes, de Movimiento Ciudadano, enfatizó la necesidad de que estos cambios se basen en evidencia técnica. Reyes advirtió sobre el riesgo de que una reducción excesiva en los plazos de información pueda derivar en un encarecimiento del crédito, subrayando la importancia de mantener datos suficientes para que las instituciones puedan medir el riesgo adecuadamente.

Es importante señalar que estas modificaciones aún no están vigentes y el proceso legislativo continuará su curso, por lo que el contenido final podría sufrir ajustes antes de ser votado.