Rafael Ramírez, quien fuera una de las figuras más influyentes durante el gobierno de Hugo Chávez, ha alzado la voz contra el pacto alcanzado entre la administración de Delcy Rodríguez y el gobierno de Donald Trump. El acuerdo contempla la cesión a Estados Unidos, por un periodo de 100 años, de los derechos de 17 yacimientos petrolíferos que albergan reservas estimadas en 65.000 millones de barriles.
La explotación de estos recursos estará a cargo de North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa vinculada al empresario Alejandro Betancourt. Según Ramírez, este movimiento representa una entrega de soberanía sobre más del 23% de las reservas nacionales. "Es un acuerdo lesivo, muy malo para nuestro futuro como país petrolero", afirmó el exfuncionario desde su exilio en Italia.
Ramírez sostiene que el gobierno de Rodríguez, al que califica de transitorio, carece de la legitimidad necesaria para tomar decisiones de tal magnitud. Según el exministro, la administración actual ha derogado leyes fundamentales, como la ley del petróleo de 2002, para facilitar el control estadounidense sobre la producción y comercialización del crudo. "Un gobierno de transición como el de Delcy Rodríguez no debería tomar decisiones tan importantes como entregar el petróleo a EE.UU.", sentenció.
El exministro también cuestionó la capacidad de NABEP, describiéndola como una "empresa de maletín" sin experiencia en el sector, y comparó la situación actual de Venezuela con la intervención en Irak, donde los ingresos petroleros son gestionados por fondos extranjeros. Asimismo, Ramírez rechazó cualquier responsabilidad en el colapso de PDVSA, cuya producción cayó de 3,7 millones de barriles diarios antes del chavismo a menos de 400.000 en 2020, atribuyendo la crisis a la gestión de Nicolás Maduro y sus sucesores.
Finalmente, Ramírez desestimó las acusaciones de corrupción y mala gestión en su contra, calificándolas de persecución política por parte de figuras como el fiscal general Tarek William Saab, y reiteró que el futuro de Venezuela se encuentra comprometido por un acuerdo que, a su juicio, carece de legalidad.
