LIMA, Perú. — El gobierno peruano, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, ha oficializado un decreto que establece el estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad. La medida, publicada el sábado, otorga facultades a las fuerzas armadas y a la policía nacional para intervenir en estos recintos, con el objetivo de frenar la inseguridad ciudadana que afecta al país.

La disposición, que tendrá una vigencia de 60 días, faculta a las fuerzas del orden para ejecutar acciones destinadas a "garantizar el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de las cárceles". Según el comunicado oficial, esta intervención busca combatir a las organizaciones criminales que dirigen sus actividades ilícitas hacia el exterior desde los centros de reclusión. Se estima que estos cinco penales albergan cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales.

La decisión responde a un contexto de creciente violencia en el país, donde la tasa de homicidios alcanzó los 10.7 por cada 100,000 habitantes el año pasado, superando el 10.1 registrado en 2024. Recientemente, un grupo de sicarios disfrazados de policías asesinó a cuatro personas y secuestró a un empresario minero informal en el norte del país, quien fue liberado horas después tras el pago de un rescate.

Ante este escenario, la administración de Fujimori ha solicitado al Congreso facultades legislativas por un periodo de 120 días. El objetivo es implementar medidas contra el crimen organizado, incluyendo la propuesta de clasificar a estas organizaciones como "terroristas", además de establecer protocolos para mitigar los efectos del fenómeno climático de El Niño. La oposición parlamentaria ha manifestado reservas ante esta solicitud de la mandataria, quien durante su campaña electoral prometió aplicar "mano dura" contra la inseguridad, emulando el estilo de gobierno de su padre, el fallecido exmandatario Alberto Fujimori.