La crisis política en Filipinas alcanzó un punto crítico este viernes 4 de septiembre de 2026, cuando el Departamento de Justicia confirmó la orden de detención contra la vicepresidenta Sara Duterte. La medida judicial responde a las declaraciones realizadas por la funcionaria a finales de 2024, en las que admitió haber contratado a un sicario para atentar contra el presidente Ferdinand Marcos Jr., su esposa Liza Araneta y el entonces presidente de la cámara baja, Martin Romualdez, en caso de que ella fuera asesinada.

En aquel momento, Duterte, de 48 años e hija del expresidente Rodrigo Duterte —quien actualmente se encuentra detenido en La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad—, declaró ante los medios: "Le dije que si me matan, él debería matar a BBM (Marcos Jr), Liza Araneta y Martin Romualdez. No es broma. No es broma".

El tribunal ha fijado una fianza de 120,000 pesos filipinos (aproximadamente 1,900 dólares) por cada uno de los tres cargos imputados. La orden se hizo efectiva luego de que la defensa de la vicepresidenta viera denegada su solicitud para aplazar o revocar el proceso.

Por su parte, el Ejecutivo filipino ha mantenido una postura de respeto a la legalidad. La portavoz presidencial, Claire Castro, señaló a través de Viber que el gobierno "respeta la decisión del tribunal", mientras que el portavoz del Departamento de Justicia, el abogado Polo Martínez, reafirmó el "compromiso con el estado de derecho".

Este conflicto marca el colapso definitivo de la alianza electoral que llevó a Duterte y Marcos Jr. al poder en 2022. La relación se fracturó en 2024, cuando la vicepresidenta renunció a su cargo como secretaria de Educación y se separó del gabinete. Actualmente, Duterte también enfrenta un juicio político en el Senado, cuyo veredicto, esperado antes de finalizar el año, podría resultar en su destitución y truncar sus aspiraciones para la carrera presidencial de 2028.