El panorama académico en Estados Unidos atraviesa un periodo de incertidumbre sin precedentes. Casos como el del doctor Martin Peterson, quien renunció a la Universidad de Texas A&M tras recibir presiones para eliminar lecturas sobre raza y género de su cátedra de Filosofía, ilustran una tendencia creciente. Peterson fue instado a retirar 'El banquete' de Platón de su programa debido a sus referencias al amor y al tercer género, una exigencia que se repite en otras instituciones. En diciembre de 2025, el profesor John W. White, de la Universidad del Norte de Florida, recibió instrucciones de remover términos como 'diversidad', 'equidad', 'inclusión' y 'cultura' de su syllabus para alinearse con la normativa estatal.
Neal Hutchens, profesor de la Universidad de Kentucky, advierte que existe una sensación de inhibición generalizada. Según el académico, los docentes temen que, incluso actuando bajo criterios pedagógicos sólidos, no cuenten con el respaldo institucional si un tema se vuelve viral. Esta fragilidad se extiende a quienes poseen titularidad académica, un estatus que antes garantizaba mayor seguridad.
Datos de PEN America indican que cerca de la mitad de los estudiantes en EE UU cursan sus estudios en estados con leyes que restringen la enseñanza sobre raza, género y sexualidad. Laura Benitez, gerente sénior de políticas estatales de la organización, señala que este entorno de miedo afecta directamente la capacidad de aprendizaje de los alumnos, quienes conviven en un ambiente donde las reglas sobre lo permitido son ambiguas.
La presión se ha intensificado bajo la actual administración federal. En octubre de 2025, el Departamento de Educación condicionó la colaboración con nueve universidades a la adopción de definiciones gubernamentales de sexo y la supresión de departamentos que, a su juicio, ataquen ideas conservadoras. Asimismo, la secretaria de Educación, Linda McMahon, solicitó a las juntas universitarias explicar cómo abordarán prioridades como la 'admisión basada en el mérito' y la 'promoción de los intereses estadounidenses'.
El impacto económico es un factor determinante. El gobierno ha anunciado tarifas superiores a los 100,000 dólares para visas H1-B de investigadores extranjeros y restricciones a estudiantes internacionales. Ante este escenario, la respuesta de las instituciones ha sido dispar: mientras universidades como Harvard mantienen litigios contra las medidas, otras han optado por negociar. Para Hutchens, la rapidez con la que se ha consolidado esta agenda revela la fragilidad de los sistemas que protegían la libertad académica en el país.
