Desde el inicio de su segundo mandato, la administración de Donald Trump ha impulsado una reconfiguración de los nombres oficiales de diversos sitios emblemáticos en Estados Unidos. Esta política, fundamentada en la orden ejecutiva 14172 titulada “Restoring Names That Honor American Greatness”, busca, según el gobierno federal, reconocer la grandeza del país a través de su geografía.
El cambio más reciente ocurrió el 27 de agosto de 2026, cuando Trump firmó la orden ejecutiva 14422 para renombrar el Lago Ontario como “Lake America” (Lago América). Esta disposición, publicada en el Federal Register el 2 de septiembre, exige al Departamento del Interior y al U.S. Board on Geographic Names actualizar el Geographic Names Information System (GNIS) en un plazo de 30 días. Aunque el lago es compartido con Canadá, la medida es obligatoria para todas las agencias federales estadounidenses.
Previamente, el 20 de enero de 2025, el mandatario ordenó que el Golfo de México fuera denominado “Gulf of America” (Golfo de América) para efectos oficiales del gobierno federal. Esta medida abarca la plataforma continental delimitada por Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida. Trump incluso proclamó el 9 de febrero de 2025 como el primer “Gulf of America Day”. Es importante señalar que esta nomenclatura es exclusiva del ámbito federal estadounidense y no altera el nombre utilizado por México o Cuba.
En esa misma fecha, el gobierno federal restituyó el nombre “Mount McKinley” a la montaña más alta de Norteamérica, ubicada en Alaska, revirtiendo la decisión de 2015 de la administración de Barack Obama que la había denominado Denali. La montaña, con una altura de 20,310 pies (unos 6,190 metros), mantiene el nombre de Denali National Park and Preserve para el parque nacional circundante.
Finalmente, el 4 de marzo de 2025, se ordenó el cambio de nombre del Anahuac National Wildlife Refuge en Texas, el cual pasó a llamarse Jocelyn Nungaray National Wildlife Refuge, en memoria de la menor de 12 años asesinada en Houston en junio de 2024. La orden otorgó un plazo de 30 días para que toda la documentación y comunicaciones gubernamentales reflejaran esta nueva denominación.
