La demanda de vivienda en México ha dejado de ser un fenómeno meramente económico para convertirse en un desafío demográfico de gran escala. Según el estudio 'Vivienda adecuada y hogares de menores ingresos: de la exclusión estructural a la nueva política habitacional', elaborado por Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y Cirse Díaz Duarte, directora general de Política de Vivienda de la misma dependencia, el modelo habitacional de las últimas décadas falló al priorizar solo a quienes contaban con empleo formal y capacidad de crédito, dejando desprotegidos a los hogares con ingresos menores a dos salarios mínimos.

El derecho a una vivienda digna, consagrado en el artículo 4° de la Constitución y pilar del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, es el eje central de la nueva estrategia gubernamental. La transición demográfica ha sido determinante: entre 1990 y 2020, mientras la población creció de 81.2 a 126 millones de personas, el número de hogares se disparó de 16.2 a 35.2 millones, duplicando el ritmo de crecimiento poblacional. Actualmente, el promedio de ocupantes por vivienda ha descendido de cinco a 3.6 personas.

El rezago habitacional afecta a más de 8 millones de viviendas, con una incidencia particular en sectores vulnerables: el 38.6% se autoadscribe como indígena, el 25% alberga a personas con discapacidad, el 47.8% se localiza en zonas rurales y el 31.3% cuenta con jefatura femenina. Ante este panorama, el Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla cuatro ejes fundamentales:

1. Construcción directa de un millón 800 mil viviendas nuevas, con 90 mil ya asignadas y 278 mil en proceso a través de Conavi, Infonavit y fondos del IMSS e Issste.

2. Mejoramiento de 717 mil viviendas existentes en hogares de bajos ingresos.

3. Regularización y escrituración de 337 mil propiedades para otorgar certeza jurídica.

4. Liberación de 5 millones de familias de créditos impagables heredados de administraciones previas.

La estrategia prioriza a mujeres jefas de familia, jóvenes, personas indígenas, adultos mayores y hogares con ingresos de hasta 2.9 salarios mínimos. Finalmente, el Consejo Nacional de Población (Conapo) trabaja en una Estrategia Intergeneracional para enfrentar los retos derivados del envejecimiento poblacional y la continua formación de nuevos hogares en las próximas décadas.