El analista Pedro Miguel ha puesto bajo la lupa la estrategia de seguridad de Estados Unidos, comparando la actuación de la Administración de Control de Drogas (DEA) con un escenario hipotético donde agentes policiales permiten un tiroteo para fortalecer un caso penal. Según el autor, mientras Washington califica al fentanilo como un 'arma de destrucción masiva' y responsabiliza exclusivamente a narcotraficantes extranjeros, la realidad interna en territorio estadounidense revela una contradicción profunda.
El texto sostiene que, bajo la lógica oficial, la DEA opta por observar discretamente la distribución de cientos de miles de dosis de sustancias ilícitas en lugar de intervenir de inmediato, con el aparente objetivo de acumular pruebas más contundentes. Esta postura, argumenta el columnista, ignora la responsabilidad de los laboratorios farmacéuticos, la corrupción en los servicios de aduanas y el papel de Estados Unidos como uno de los principales centros de lavado de dinero a nivel mundial.
Pedro Miguel subraya que el discurso oficial simplifica el problema al señalar únicamente a los cárteles, omitiendo factores sociofamiliares y la crisis de salud pública interna. Asimismo, el autor menciona que instituciones como el Pentágono, la CIA y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) han estado involucradas en contubernios con grupos delictivos. Finalmente, el artículo concluye que, a diferencia de figuras como 'El Chapo' o 'El Mayo', ningún alto funcionario estadounidense enfrentará consecuencias penales por estas omisiones, calificando la situación como la de un 'rey desnudo' que no reconoce su propia falta de ética.