CARACAS, Venezuela. — La crisis habitacional en Venezuela ha dejado a cientos de familias en un limbo prolongado, viviendo en refugios y albergues que originalmente fueron concebidos como soluciones temporales tras desastres naturales. El caso de Magdalena, quien falleció en 2025 tras 13 años de espera en un edificio abandonado en la avenida José Ángel Lamas, ilustra la tragedia de quienes perdieron sus hogares en 2012 durante los deslaves en Catia y nunca recibieron la vivienda prometida por el Estado.
La situación afecta a 398 familias bajo la administración del Gobierno del Distrito Capital, distribuidas en cinco refugios y cuatro albergues. Estos espacios, que incluyen antiguas sedes de bancos, museos y hoteles, presentan graves deficiencias estructurales y falta de servicios básicos. En la Torre Pomarrosa de Catia, 110 familias conviven bajo un estricto control social ejercido por las Cuadrillas Defensoras de la Paz (Cupaz), creadas en 2019, que limitan la libre expresión y el movimiento de los residentes.
Historias como la de Moraima, quien padece artrosis y vive en un cubículo con su hijo con autismo severo, o la de Yarcelis, madre de seis hijos que reside en la misma torre desde hace 10 años, reflejan la desesperanza. Los residentes denuncian que, a pesar de las promesas gubernamentales, la asignación de viviendas funciona de manera arbitraria. Un crédito de 8.000 bolívares (aproximadamente 10 dólares) otorgado a Moraima resultó insuficiente para adquirir una propiedad digna, dejando el acceso a una vivienda como una posibilidad remota.
Marioxis Barrios, funcionaria de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos, confirmó que los residentes no poseen estatus de propietarios y requieren autorización escrita para recibir visitas o salir de noche. Mientras tanto, en albergues como Casa Taller, 21 familias enfrentan la falta de agua y el hacinamiento, esperando una reubicación que, según denuncian, se ha visto paralizada por factores políticos, incluyendo el impacto de las elecciones del 28 de julio de 2024.
Ante las denuncias realizadas por los afectados en redes sociales, las autoridades han respondido con la advertencia de que cualquier acción de "desacato" o difusión de videos será tratada bajo acciones legales, manteniendo a los damnificados en un estado de silencio forzado y espera indefinida.
