A un año de que un misil destruyera una embarcación en el mar Caribe el 2 de septiembre del año pasado, la estrategia militar de Estados Unidos en América Latina ha entrado en una nueva fase. Aquel incidente inicial, en el que murieron nueve personas y dos sobrevivientes fueron abatidos por un segundo proyectil mientras intentaban salvarse, marcó el comienzo de una campaña que ha dejado 227 fallecidos y 69 embarcaciones hundidas en el Caribe y el Pacífico oriental. Entre noviembre de 2025 y junio de este año, la operación tuvo un costo de 821 millones de dólares, según datos del Pentágono.
La estructura operativa ha evolucionado con la creación de la Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM), que reemplaza a la anterior Joint Task Force Southern Spear. Adam Isacson, director del programa de supervisión de defensa en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), advirtió que esta transición, liderada por un general de dos estrellas del Cuerpo de Marines, apunta a una misión que trasciende lo marítimo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que Ecuador, Honduras, Jamaica, Colombia —tras la investidura de su presidente, Abelardo De la Espriella— y potencialmente Guatemala, han acordado permitir operaciones conjuntas con fuerzas estadounidenses en sus territorios.
Esta estrategia, denominada Doctrina Donroe, busca imponer influencia estadounidense bajo la prioridad de seguridad nacional de combatir el narcotráfico. El Pentágono ha designado a la JTF-WHEM como el brazo ejecutor del Comando Sur, integrando capacidades con los 18 países miembros del Escudo de las Américas. Tras una pausa operativa iniciada el 21 de junio, las acciones se reanudaron el 23 de agosto en el Pacífico oriental, con un ataque que dejó dos muertos, seguido de otro el 25 de agosto en el Caribe con cuatro víctimas fatales.
La campaña enfrenta críticas severas por su opacidad y la falta de identificación de las víctimas. Según un informe de la organización Airwars, solo 26 de los fallecidos han sido identificados públicamente, incluyendo 18 venezolanos, 13 mexicanos, tres colombianos, tres ecuatorianos, dos de Trinidad y Tobago y dos de Santa Lucía. Expertos como Tiziano Breda, de ACLED, señalan que Washington mantiene la fuerza militar como una herramienta permanente, lo que hace probable una intensificación de estas acciones, incluso en operaciones terrestres. Desde enero de 2025, el número de cárteles designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos se ha quintuplicado, alcanzando los 24 grupos.
