Este miércoles 2 de septiembre de 2026, la jueza federal Deborah Boardman emitió un fallo de 35 páginas que paraliza la aplicación de una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump. La normativa buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento bajo el argumento de combatir el denominado "turismo de maternidad".
La magistrada fue contundente al señalar que la orden "es casi con toda certeza inconstitucional", recordando que el Tribunal Supremo ya estableció que los niños son "ciudadanos al nacer". Boardman enfatizó que "esa es la ley" y que "el presidente debe seguirla".
El conflicto legal se remonta a agosto, cuando Trump firmó esta orden ejecutiva tras un fallo previo del Supremo el 29 de junio de 2026, el cual ya había rechazado sus intentos anteriores de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes en situación irregular. La nueva decisión judicial impide al Gobierno aplicar restricciones a cualquier niño nacido de uno o dos progenitores indocumentados después del 19 de febrero de 2025, fecha en la que entró en vigor la orden ejecutiva original de principio de mandato.
La orden ejecutiva de Trump incluía provisiones para negar la ciudadanía automática a hijos de mujeres que viajan a Estados Unidos con el fin de dar a luz. Asimismo, el documento contemplaba excepciones para hijos de miembros de gobiernos extranjeros, personas consideradas terroristas extranjeros y aquellos nacidos en territorios no incorporados.
La impugnación fue liderada por organizaciones de defensa de los inmigrantes, entre ellas CASA y el Asylum Seeker Advocacy Project, quienes presentaron el caso en Maryland. Estas entidades argumentaron, en línea con el fallo del 29 de junio, que una orden ejecutiva no tiene la facultad de alterar la garantía de la ciudadanía por nacimiento consagrada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
