En un movimiento que ha encendido las alarmas diplomáticas, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional diseñada para consolidar el poder del ex guerrillero sandinista Daniel Ortega. La medida, que busca asegurar la sucesión presidencial dentro de su familia, ha provocado una respuesta contundente desde Washington.

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, instó a los países del mundo a distanciarse del régimen nicaragüense. “Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que las autoridades comprometidas con la defensa de la paz y la seguridad hemisféricas”, declaró Rubio.

Aunque la reforma aún está pendiente de una segunda votación para su entrada en vigor, sus alcances son profundos. El texto prohíbe que personas calificadas como “golpistas” o “traidores a la patria” ocupen cargos públicos o sean candidatos. Asimismo, veta a quienes hayan estado vinculados con intentos de golpe de Estado o hayan solicitado una “intervención militar”. Adicionalmente, la reforma extiende el mandato presidencial y de otros cargos públicos de seis a siete años y restringe la personalidad jurídica de partidos políticos que reciban financiamiento extranjero.

Rebecca Bill, presidenta de Diálogo Interamericano, señaló que la estrategia es clara: “El objetivo es asegurar que haya la menor incertidumbre posible sobre lo que ocurra después de Ortega y por eso han eliminado las elecciones, las instituciones independientes y una oposición real”.

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó la iniciativa, argumentando que convierte a la Constitución “en un instrumento más para excluir las voces disidentes”, al restringir severamente la participación política en el país.