Bajo la premisa de construir casos penales sólidos contra redes de narcotráfico, agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) habrían implementado una estrategia denominada 'fentanyl walking', que consistía en permitir el tránsito de fentanilo en lugar de incautarlo. Según reportes, esta práctica se llevó a cabo entre 2023 y 2025, abarcando el final del gobierno de Joe Biden y el inicio del segundo mandato de Donald Trump.
En un operativo registrado en junio de 2023 en Albuquerque, agentes observaron cómo traficantes vendían 74,000 pastillas en un parque de casas móviles sin realizar ninguna intervención. David Howell, exagente de la DEA que presentó una denuncia en 2023, declaró: 'Lo único que hicimos fue quedarnos de brazos cruzados y observar'. Asimismo, un exsupervisor de la agencia, bajo anonimato, aseguró que se permitió la distribución de 'millones' de píldoras durante una investigación en 2025.
Ante estos hechos, el congresista republicano James Comer y el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, han exigido al Departamento de Justicia (DOJ) y a la DEA la entrega de expedientes y comunicaciones internas. Comer calificó la política como 'inaceptable' y señaló que esta omisión provocó daños considerables y pérdida de vidas. Por su parte, Torrez presentó una demanda ante una corte federal en Albuquerque para obligar a las autoridades federales a revelar la información, tras denunciar una falta de cooperación.
La DEA, a través de su portavoz Amanda Wozniak, rechazó las acusaciones calificándolas de 'falsas' y argumentando que sus decisiones fueron 'legales' y 'coherentes con las directrices' gubernamentales. La controversia surge en un contexto crítico para Nuevo México, donde las muertes por sobredosis aumentaron un 21% durante el periodo en que se aplicó esta estrategia, mientras que a nivel nacional la cifra disminuyó un 14%.
