MANTA, Ecuador. — El Ejército de Estados Unidos ha intensificado sus operaciones en el Pacífico, hundiendo tres embarcaciones en el transcurso de una semana frente a las costas ecuatorianas bajo la sospecha de que servían al narcotráfico. Estos operativos, que han generado inquietud entre la población local y organizaciones de derechos humanos, se enmarcan en la estrategia impulsada por el gobierno de Donald Trump contra las denominadas "narcolanchas".
El Comando Sur estadounidense informó el jueves sobre el ataque a un navío que, según sus reportes, funcionaba como "estación de abastecimiento" para la banda ecuatoriana Los Choneros, organización vinculada al cártel mexicano de Sinaloa. A través de un video difundido por el Comando Sur, se observa la intercepción de la nave por parte de militares en helicóptero y bote, seguida de su explosión y hundimiento. La institución aseguró que los tripulantes fueron "transferidos de forma segura" a las autoridades ecuatorianas antes de la destrucción de la nave.
En el puerto pesquero de Manta, epicentro de la incertidumbre, las familias de los pescadores han expresado su temor ante la falta de información y la naturaleza de los operativos. "Todos tenemos miedo que nos pueda pasar algo", declaró el pescador Fausto Soza, quien ha dejado de salir a faenar desde hace dos meses. Por su parte, Human Rights Watch denunció en julio que, entre enero y marzo, otras tres naves ecuatorianas fueron atacadas por fuerzas estadounidenses, dejando un saldo de al menos ocho personas desaparecidas, acusación que Washington ha negado.
No obstante, en los incidentes de esta semana no se reportaron víctimas mortales. La Marina ecuatoriana confirmó este viernes el traslado a Manta de 28 tripulantes entregados por Estados Unidos, mientras que otros nueve se encuentran en camino. "Nuestros pescadores vienen (...) están vivos, están bien", señaló Ginger Reyes, esposa de uno de los capitanes.
El presidente Daniel Noboa, quien ha integrado a Ecuador en el "Escudo de las Américas" liderado por Trump, mantiene una política de confrontación directa contra el crimen organizado en un país que registró una tasa récord de 51 homicidios por cada 100,000 habitantes el año pasado.


