El gobierno de Cuba, enfrentando la crisis más profunda de su historia, ha dado un paso sin precedentes al permitir que los emigrantes cubanos participen como socios en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y compañías privadas dentro del territorio nacional. Esta medida, formalizada mediante una reforma al Artículo 54 del Decreto Ley 133, elimina barreras que durante décadas impidieron a la diáspora invertir en su país de origen.

La normativa, que entrará en vigor el 9 de septiembre, establece requisitos mínimos para los interesados: ser mayor de 18 años, no tener deudas con el Estado o bancos, no ocupar cargos gubernamentales y no contar con sentencias penales incompatibles con la actividad económica. Además, se ha eliminado el límite previo de 100 empleados por empresa, permitiendo una mayor escala operativa.

El presidente Miguel Díaz-Canel ha justificado esta apertura como una necesidad vital, declarando: “A quien quiera construir un futuro con Cuba, sin pretender imponerle nada, le decimos con el corazón en la mano: esta es tu casa, y nuestra puerta está abierta para ti, porque en este momento, esta patria no se puede dar el lujo de perder a un solo buen cubano”.

Ricardo Torres, economista y profesor en la American University de Washington, señala que aunque la codificación legal es un avance significativo, persisten dudas fundamentales. “El problema no es la regulación en sí, sino la administración de justicia”, advierte Torres, subrayando que la falta de independencia judicial en un sistema controlado por el Partido Comunista genera incertidumbre sobre la protección de las inversiones frente a los intereses estatales.

El paquete de reformas, que incluye 176 medidas, también contempla mayor autonomía para empresas estatales, la creación de bancos privados y la posibilidad de que el sector privado realice comercio exterior sin mediación gubernamental. No obstante, los expertos advierten que estas acciones son una respuesta reactiva a la crisis y a las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, más que un cambio de modelo económico estructural. El propio Díaz-Canel ha calificado la expansión del sector privado como una “concesión” y no como una medida capitalista, lo que genera dudas sobre la permanencia de estas reformas a largo plazo.