El Gobierno de Cuba ha dado un paso sin precedentes en su política económica al permitir que los cubanos residentes en el extranjero participen como socios en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y empresas privadas. La reforma, que modifica el artículo 54 del Decreto Ley 133, fue publicada esta semana en la Gaceta Oficial y entrará en vigor el próximo 9 de septiembre.
Esta medida forma parte de un paquete de 176 reformas que buscan otorgar mayor autonomía a las empresas estatales, facilitar la inversión extranjera directa en el sector privado y permitir la creación de bancos privados. Según la nueva normativa, cualquier cubano mayor de 18 años, sin deudas con el Estado o el banco, que no sea funcionario gubernamental y no cumpla sanciones penales, podrá integrarse al tejido empresarial de la isla.
El economista Ricardo Torres, exinvestigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana y profesor en la American University de Washington, califica el cambio como una transformación relevante. "Ya se pueden construir empresas privadas como tal, sin ningún límite de empleados, algo que era una petición importante. Ya pueden participar directamente en el comercio exterior", señaló Torres, destacando que la eliminación del tope de 100 empleados es un avance significativo.
Sin embargo, persisten dudas sobre la viabilidad de estas inversiones. El propio presidente Miguel Díaz-Canel ha descrito estas aperturas como una "concesión" y no como una transición hacia el capitalismo. Para Torres, esta visión es problemática: "Indica que, si mejorara por alguna razón la situación en el futuro, entonces volveríamos a regresar a la ruta anterior".
Además de la incertidumbre política, el entorno económico presenta desafíos críticos. La falta de infraestructura básica, la inflación y el complejo sistema de sanciones impuestas por la administración de Donald Trump complican el panorama. "¿Quién va a comprar lo que tú vas a vender? ¿Cómo te vas a financiar? ¿Cómo vas a traer el dinero que hace falta para invertir?", cuestiona Torres, subrayando que la falta de independencia del sistema judicial cubano frente al Partido Comunista sigue siendo una barrera fundamental para los inversionistas que buscan garantías legales.
