En el marco de la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), familiares de personas desaparecidas y diversos colectivos han comenzado a preparar una serie de acciones de incidencia. El objetivo central es respaldar la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF), el cual ha pedido que México reciba apoyo internacional para enfrentar la crisis de desapariciones en el país.
La estrategia incluye reuniones con misiones diplomáticas en Nueva York y con expertos independientes de la ONU, además de la creación de espacios de diálogo con los familiares de las víctimas. Estas acciones fueron detalladas en una carta pública dirigida a los estados miembros de la Asamblea General, la cual cuenta con el respaldo de más de 40 colectivos, entre ellos Hasta Encontrarles, Madres Buscadoras de Jalisco y Rastreadoras de El Fuerte, así como 63 organizaciones civiles, destacando la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
El asunto, que se espera sea analizado entre octubre y noviembre próximos, representa un hecho inédito, ya que es la primera vez que el CDF activa el artículo 34 de la convención en la materia para un país. Dado que no existe un procedimiento claro para dar seguimiento a esta activación, los firmantes sugirieron que uno o varios estados promuevan el tema ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, encargada de los asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos.
La propuesta de los colectivos contempla que una comisión o un experto independiente designado elabore un plan de seguimiento en consulta con los estados miembros, expertos, el propio Comité y las organizaciones de víctimas. Asimismo, instaron a que la Tercera Comisión adopte esta propuesta y asigne los recursos necesarios para su implementación urgente. "Es fundamental que los estados amigos de México promuevan un diálogo bilateral con el gobierno federal, así como en la propia Tercera Comisión", señalaron.
Finalmente, los familiares enfatizaron que su intención es que México adopte una postura colaborativa y abierta al diálogo. Se declararon dispuestos a aportar insumos técnicos para construir un proyecto de resolución que ayude a frenar las desapariciones, garantice verdad y justicia a las víctimas y contribuya a la paz y al desarrollo social y económico del país.