OCAÑA, Colombia. — La violencia perpetrada por grupos armados en el departamento de Norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela, se intensificó este viernes por la noche tras un ataque con un enjambre de drones cargados con explosivos contra el cantón militar Trapiche. El atentado, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), cobró la vida de tres uniformados y dejó a cuatro más heridos, además de causar daños a una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) por el impacto de esquirlas.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien cumple su primer mes en el poder, condenó los hechos a través de redes sociales: “A las familias de nuestros héroes asesinados, toda mi solidaridad, mis oraciones y la gratitud de Colombia. A nuestros soldados heridos, mi deseo de pronta recuperación”. El mandatario advirtió a la insurgencia que responderá con toda la fuerza legítima del Estado y anunció el diseño de una nueva estrategia de seguridad para la región del Catatumbo, caracterizada por ser una de las zonas con mayor concentración de cultivos de hoja de coca en el mundo.
Las víctimas mortales fueron identificadas como el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, quienes fallecieron durante los enfrentamientos posteriores al ataque, y el soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, quien murió mientras recibía atención médica. De la Espriella ha manifestado su intención de abandonar la política de “paz total” de su antecesor, Gustavo Petro, para enfocarse en golpear las estructuras, finanzas y economías ilícitas de los grupos armados.
La Defensoría del Pueblo mantiene vigentes cuatro alertas tempranas sobre Ocaña y el Catatumbo, advirtiendo sobre una reconfiguración acelerada del control territorial y la expansión de la confrontación armada. Este suceso se suma a la reciente explosión de un carrobomba en una estación de policía en Cúcuta, ocurrida el lunes pasado, que dejó un civil muerto y al menos 11 heridos. El ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, lidera junto al presidente los esfuerzos para implementar un “plan de choque” que busca la captura de diez cabecillas clave del narcoterrorismo y el crimen organizado en una región donde operan cerca de 29,000 integrantes de grupos armados ilegales.
