El pasado 28 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de Truth Social la firma de un acuerdo petrolero sin precedentes con el gobierno de Venezuela. Según el mandatario, este pacto otorga a Washington el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano, un volumen que representa aproximadamente el 21,5% de las reservas totales del país sudamericano, estimadas en 303.000 millones de barriles.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó los detalles, señalando que el acuerdo contempla inversiones por más de US$100.000 millones y generará ingresos fiscales para el Estado venezolano cercanos a los US$209.000 millones. El plan, con una duración de 25 años según Rodríguez —aunque la Casa Blanca menciona un plazo de 100 años—, busca desarrollar 17 campos estratégicos con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.
La ejecución del proyecto recaerá en la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), liderada por el empresario Alejandro Betancourt. La Casa Blanca informó que el gobierno estadounidense tendrá poder de veto sobre la junta directiva de Nabep y que el Departamento de Defensa recibirá una participación accionaria del 35% en la sociedad matriz. Además, Estados Unidos se aseguró el derecho a comprar el 20% de la producción a costo de extracción y un derecho preferente sobre el 80% restante.
El anuncio ha desatado una ola de críticas. El economista Ricardo Hausmann calificó el acuerdo de inconstitucional y acusó a la administración Trump de aliarse con opresores en lugar de promover la democracia. Por su parte, Rafael Ramírez, exministro de Petróleo, denunció una entrega de soberanía nacional. Asimismo, expertos como Francisco Rodríguez han cuestionado la rentabilidad para Venezuela, señalando que los ingresos por barril serían significativamente bajos en comparación con los precios actuales del mercado.
La polémica también se extiende a la figura de Alejandro Betancourt, vinculado anteriormente a la empresa Derwick Associates, la cual fue objeto de investigaciones por presuntos casos de corrupción y sobreprecios durante el gobierno de Hugo Chávez. Analistas como Geoff Ramsey advierten que este pragmatismo económico podría desincentivar cualquier transición política en Venezuela, consolidando el statu quo actual.
