El Gobierno del presidente Donald Trump presentó este jueves 3 de septiembre de 2026 una apelación de urgencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El objetivo de la administración es implementar una nueva norma que otorgue al Servicio Postal (USPS) la facultad de restringir el voto por correo, una acción que, según analistas, podría impedir que millones de ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio en los comicios legislativos de noviembre.

El Departamento de Justicia interpuso este recurso sin aguardar la resolución de un Tribunal Federal de apelaciones, el cual analiza actualmente otra diligencia de emergencia para suspender una orden previa que congeló la implementación de dicha norma. Esta situación ha generado incertidumbre a solo dos meses de las elecciones de medio mandato.

La petición busca que el máximo tribunal autorice al USPS a retener el envío de boletas electorales. Esta medida se deriva de una orden ejecutiva firmada por Trump el pasado marzo, bajo el argumento de que el voto por correo facilita el fraude electoral en el país. Dicha orden otorga a las agencias federales una injerencia sin precedentes en procesos que, tradicionalmente, son gestionados por los estados. Entre las disposiciones, se instruye al USPS a recopilar listas de votantes proporcionadas por los estados y limitar el envío de boletas exclusivamente a quienes figuren en ellas.

La medida ha enfrentado una fuerte oposición. Una coalición de 23 estados gobernados por el Partido Demócrata, junto con grupos de defensa del derecho al voto, impugnó la orden ante un tribunal federal. Los críticos sostienen que el presidente y el servicio postal no tienen facultades para intervenir en la distribución de papeletas. Como resultado, el pasado 27 de agosto, una jueza de Massachusetts congeló temporalmente la aplicación de la norma.

El panorama electoral se complica ante la proximidad de los comicios, ya que se prevé que Carolina del Norte inicie este viernes la distribución masiva de boletas. Estos resultados serán determinantes para el equilibrio de poder en el Congreso durante el resto del mandato de Trump. Cabe recordar que el Tribunal Supremo ya había levantado anteriormente otra orden que bloqueaba los planes del mandatario, aunque en aquella ocasión lo hizo por motivos de procedimiento y no se pronunció sobre la legalidad de la propuesta en sí.