El Tribunal Supremo de España emitió este martes una resolución que suspende el derecho al voto de miles de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como "ley de nietos". La normativa, vigente desde octubre de 2022, permite acceder a la nacionalidad a descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La decisión judicial responde a un recurso interpuesto por los partidos Vox e Iustitia Europa, quienes argumentan que la inscripción masiva de estos nuevos ciudadanos en el padrón electoral busca beneficiar al gobierno socialista de Pedro Sánchez. El tribunal acogió parcialmente las medidas cautelares, señalando que la inscripción en el censo electoral de este grupo genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral", advirtiendo sobre un posible "daño irreversible a la rectitud" de los comicios generales de 2027.
Según datos oficiales al 31 de mayo, 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad bajo esta ley. De este total, 333,696 ya estaban inscritas en el registro electoral de extranjeros y 238,065 se encontraban en proceso de registro. La medida obliga ahora a los afectados a demostrar su condición de descendientes directos de exiliados políticos, ideológicos o de orientación sexual, contradiciendo las directrices del Ministerio de Justicia de 2022 que presumían dicha condición para quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
El presidente Pedro Sánchez criticó duramente la resolución: "El Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles", afirmó, añadiendo que no desea "ciudadanos de primera y de segunda". Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, celebró la decisión, calificándola como un freno a un "intento de manipulación electoral".
La medida es provisional mientras el tribunal resuelve el fondo del asunto. Mientras tanto, ciudadanos afectados en el extranjero han expresado su rechazo. Felipe Gómez, nieto de una exiliada republicana residente en México, señaló: "Ningún estado democrático en el siglo XXI puede hacer una distinción entre tipos de connacionales". Asimismo, Antonia Álvarez, ciudadana chilena en proceso de nacionalización, calificó la decisión como un acto que hace sentir a los solicitantes "despreciados".
