Un panel de tres jueces de un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ratificó parcialmente este viernes 18 de septiembre de 2026 una resolución que restringe la política del gobierno de Donald Trump sobre la deportación de migrantes indocumentados a naciones distintas a sus países de origen. La decisión judicial establece que los afectados deben recibir un aviso efectivo con la debida antelación sobre el lugar al que serán enviados, permitiéndoles expresar preocupaciones sobre posibles riesgos de persecución o tortura.
El juez Seth Aframe, quien redactó la opinión en nombre del panel unánime, subrayó la importancia de este derecho procesal: "El derecho de una persona a impugnar su expulsión a un país basándose en el temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe aviso previo del destino previsto para su expulsión y una oportunidad significativa para impugnar ese destino".
La medida judicial cuestiona la política implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la cual, según el tribunal, "negaría acceso a esa protección a una amplia franja de no ciudadanos que son enviados a terceros países sin aviso de su destino". Esta práctica ha sido un eje central en la estrategia de combate a la inmigración ilegal del presidente Donald Trump, quien ha prometido expulsar a millones de indocumentados desde su regreso a la Casa Blanca.
Hasta la fecha, cientos de migrantes hispanos han sido deportados a países africanos bajo este esquema. El gobierno de Trump ha defendido estas expulsiones argumentando que son necesarias cuando los países de origen se niegan a aceptar a sus ciudadanos. Se prevé que la administración apele esta decisión ante la Corte Suprema, instancia que cuenta con una mayoría conservadora.
