LA PAZ, Bolivia. — El gobierno boliviano, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, anunció este fin de semana la eliminación total del subsidio al diésel, una medida que ha desatado una ola de protestas y amenazas de paros nacionales. La decisión, adoptada apenas un día después de que el parlamento aprobara una extensión de 90 días al estado de excepción, busca generar un ahorro anual de casi 2 mil 600 millones de dólares, los cuales, según el Ejecutivo, serán destinados a la inversión en obras públicas.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Hidrocarburos, el precio del litro de diésel se elevó de un dólar a 1.87 dólares. El presidente Paz justificó el ajuste señalando que el costo interno fluctuará en función de las cotizaciones internacionales, asegurando que si el precio externo disminuye, el valor local también se ajustará a la baja.
La respuesta de los gremios no se hizo esperar. Ronald García, dirigente de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte Santa Cruz, declaró ante medios locales: “El sector cisternero ya no carga ni descarga ni un litro más de combustible mientras no baje el presidente”. García advirtió que las tarifas actuales son insostenibles con el nuevo precio del diésel y confirmó que las federaciones cooperativistas paralizarán sus actividades hasta obtener una solución, alertando sobre una posible convulsión social si el oficialismo no atiende sus demandas.
Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) se unió al rechazo, calificando la medida como un “golpe a la economía popular”. La organización sindical advirtió que el incremento desencadenará un proceso inflacionario que afectará directamente el costo de la canasta básica y la economía de las familias trabajadoras. Asimismo, la COB acusó a la administración de Paz de “traición a la mesa de negociación” y de desconocer acuerdos previamente suscritos.
Ante el escenario de tensión, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, manifestó que el gobierno mantiene su disposición al diálogo, aunque enfatizó su rechazo a las amenazas de bloqueos de rutas y protestas sociales.
