La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó un revés para el Instituto Nacional Electoral (INE) al rechazar el nuevo mecanismo implementado para filtrar a los observadores electorales de cara a los comicios de 2027. La medida, que buscaba impedir que operadores de programas sociales, como los denominados 'servidores de la nación', participaran en esta labor, fue invalidada por unanimidad al considerarse que carecía de la certeza necesaria para evitar irregularidades.

El conflicto se originó el pasado 3 de septiembre, cuando el bloque mayoritario de consejeros del INE, encabezado por la presidenta Guadalupe Taddei, aprobó sustituir la confronta documental por una declaración bajo protesta de decir verdad. Esta decisión fue impugnada por los partidos PAN, PRI, MC y Somos. El magistrado Felipe Fuentes, ponente del proyecto, argumentó que, aunque el acuerdo mantenía la prohibición para que funcionarios públicos participaran, la nueva modalidad no permitía un contraste de información efectivo para identificar posibles coincidencias entre los solicitantes y quienes tienen impedimentos legales.

Por su parte, la consejera Frida Gómez, quien propuso el cambio, había argumentado en su momento que las bases de datos podían contener información desactualizada, por lo que la declaración bajo protesta era una alternativa más precisa. A pesar de que siete consejeros votaron a favor de este cambio en el Consejo General, el TEPJF ha ordenado al INE retomar la confronta documental original.

El magistrado Reyes Rodríguez, aunque coincidió con el criterio central, propuso que el instituto homologue las verificaciones preventivas para todas las personas involucradas en el proceso electoral, con el objetivo de garantizar la imparcialidad, objetividad e independencia. Asimismo, el tribunal resolvió desechar las impugnaciones presentadas por organizaciones civiles al considerar que no estaban vinculadas directamente con la actividad de observación electoral.