CULIACÁN, Sin. — Con el objetivo de frenar la instrumentalización de la infancia por parte de grupos criminales, el Congreso del estado de Sinaloa aprobó una reforma integral que establece el reclutamiento de menores de 18 años como un delito autónomo. La medida, avalada por unanimidad el viernes 11 de septiembre de 2026, impone una pena base de 10 a 20 años de prisión, además de multas que oscilan entre 800 y 600 días de unidad de medida y actualización. La legislación contempla que las sanciones puedan incrementarse hasta en una mitad bajo agravantes específicas, alcanzando un máximo de 30 años de prisión. Entre los factores que aumentan la pena se encuentran el parentesco, la relación de custodia, el uso de violencia física o psicológica, el abuso de poder, o cuando el reclutador sea un servidor público. Asimismo, se aplicarán agravantes si la víctima se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, tales como abandono, orfandad, migración, desplazamiento forzado, situación de calle o discapacidad. La reforma también protege a personas que, por su condición, carecen de capacidad para comprender o resistir el hecho. Con este cambio, el marco legal sinaloense reconoce a los menores reclutados como víctimas del delito y no únicamente como infractores. El dictamen subraya la urgencia de esta medida ante el incremento de adolescentes internados por vínculos con el crimen organizado, pasando de cuatro casos en septiembre de 2024 a 96 en diciembre de 2025, principalmente por actividades de vigilancia, narcomenudeo y halconeo. El paquete legislativo integra propuestas presentadas por Morena, PVEM y PRI, destacando las iniciativas de las diputadas Yeraldine Bonilla, Arely Ruiz López y María Teresa Guerra Ochoa. Finalmente, se modificó el artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, obligando a las autoridades estatales y municipales a implementar políticas públicas de prevención, rescate, rehabilitación y reparación del daño.