El panorama corporativo en Rusia ha sufrido un cambio significativo tras la firma de un decreto por parte del presidente Vladimir Putin, el cual transfiere la gestión de diversas filiales extranjeras a una administración externa temporal. Entre las compañías afectadas se encuentra Nestlé, multinacional que ha operado en el país durante décadas.

La medida no implica la desaparición inmediata de marcas como Nescafé o KitKat del mercado ruso. Según los reportes, Nestlé mantiene actualmente seis fábricas y cuenta con una plantilla de aproximadamente 7,000 empleados en el territorio. Aunque la empresa redujo sus actividades tras la invasión de Ucrania en 2022, concentrándose en productos esenciales, la nueva disposición coloca a la filial bajo el control de una entidad rusa mientras se define el futuro de sus activos.

Desde una perspectiva financiera, el impacto para el grupo suizo se considera limitado a nivel global. Análisis citados por AFP indican que Rusia representa poco más del 1% de las ventas mundiales de Nestlé, una cifra que ha disminuido respecto al 2% que registraba antes del conflicto bélico. La compañía ha señalado que se encuentra evaluando sus opciones para garantizar la continuidad de las operaciones.

El decreto también alcanza a otras firmas de peso, destacando la cadena de supermercados Auchan, la operadora Lemana Pro (anteriormente Leroy Merlin) y la empresa de logística FM Logistic. En el caso de Auchan, la intervención es de gran escala debido a su amplia red de establecimientos y decenas de miles de trabajadores, por lo que la filial ha solicitado aclaraciones a las autoridades rusas.

La gestión de estos activos ha sido delegada a L.E.V. Management, una firma registrada en Moscú de reciente creación y con vínculos señalados hacia funcionarios rusos, aunque los detalles sobre su propiedad permanecen opacos. Esta estrategia de intervención no es nueva; desde 2023, Moscú ha aplicado mecanismos similares contra empresas como Danone, Carlsberg y Fortum, facilitando en ocasiones la transferencia de activos a propietarios locales y elevando el riesgo operativo para las multinacionales que aún mantienen presencia en el país.