CIUDAD DE MÉXICO. — La iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso el pasado 8 de septiembre busca otorgar facultades a las autoridades aduaneras para aplicar embargos precautorios inmediatos ante discrepancias en el valor de las mercancías, eliminando el umbral actual del 50% de diferencia. Esta medida, que también permitiría iniciar facultades de comprobación por variaciones de precio respecto a productos comparables, ha generado preocupación por su impacto generalizado en cadenas de suministro bajo el modelo Just in Time.
Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), advirtió que la retención de mercancías puede extenderse por meses, citando un caso donde un embarque permaneció detenido cerca de seis meses pese a que la empresa cubrió las contribuciones y recargos determinados. "Seis meses no representan solamente un problema administrativo, pueden significar paros de producción, incumplimientos con armadoras, costos de almacenaje, capital inmovilizado y afectaciones a compromisos de exportación", señaló Padilla.
Por su parte, la académica Zurisaday Cruz detalló que los costos colaterales para importadores cumplidos son significativos: entre 4,000 y 14,000 pesos diarios por unidad retenida, además de cargos por uso extendido de contenedores que oscilan entre 130 y 270 dólares diarios. Alejandra Rosete, de la ANPACT, subrayó la falta de transparencia, ya que los importadores no tienen acceso a los valores de referencia que utiliza la autoridad, lo que hace indispensable crear un mecanismo de consulta.
Eréndira Hernández, presidenta de la ANAFAC, advirtió sobre una posible saturación de los recintos fiscalizados, mientras que Pedro Canabal, académico de la Universidad Panamericana, sugirió implementar inteligencia artificial para segmentar operaciones de alto riesgo y no afectar al operador cumplido. En respuesta, la CAAAREM, presidida por José Ignacio Zaragoza Ambrosi, propuso sustituir el embargo inmediato por una retención temporal con plazos definidos: 24 horas para notificar, cinco días hábiles para acreditar el valor y 72 horas para resolver. Asimismo, sugirieron limitar la eliminación del piso objetivo a mercancías de consumo final, excluyendo bienes intermedios y activos fijos.
Ante la incertidumbre, los diputados de la Comisión acordaron instalar mesas de trabajo entre sectores industriales y autoridades de la ANAM, el SAT y la SHCP para revisar los puntos críticos de la propuesta.
