La estrategia del Gobierno Federal para erradicar la evasión fiscal ha escalado con la reforma de 2026 al Código Fiscal de la Federación. Esta normativa faculta a la autoridad para ejecutar auditorías exprés que inician con una notificación en el domicilio fiscal, permitiendo a los funcionarios el uso de drones, cámaras de video, grabadoras de audio y pruebas fotográficas para documentar la operación de los contribuyentes. Además, se contempla la pausa al sello digital, herramienta indispensable para la emisión de facturas.
El objetivo central es combatir a las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como factureras, las cuales generan daños al erario público estimados en 250,000 millones de pesos anuales, sumando 2.5 billones de pesos en la última década, según cifras del fiscalista Luis Pérez de Acha. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el 22 de agosto de 2025 que esta medida busca potenciar la recaudación de manera más efectiva que cualquier incremento al ISR.
Sin embargo, especialistas advierten que la aplicación de estas facultades no distingue entre empresas reales y fantasmas. Luis Carlos Figueroa, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), señala que las disposiciones afectan también a las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS). El proceso de auditoría se ha reducido a 24 días, otorgando a los contribuyentes solo cinco días para demostrar la materialidad de sus operaciones mediante contratos, infraestructura, registros contables y flujos de efectivo.
Ulises Castilla, socio líder de la Práctica Legal de KPMG México, advierte sobre la complejidad operativa: "Cinco días es muy poco, pues en las nuevas disposiciones no se define un límite de facturas a requerir. Mientras la autoridad corrobora pruebas y emite fallo, te bajan el switch". Esta pausa del sello digital impide además el timbrado de nómina y operaciones de comercio exterior, según Giovanni Sosa, de Hogan Lovells.
La brecha tecnológica es un factor crítico. Según la encuesta 'Perspectivas de la Alta Dirección en México 2026' de KPMG, solo el 11% de las compañías cuenta con procesos de cumplimiento automatizados. Al 12 de junio pasado, el SAT había publicado 903 empresas fantasma y restringido el sello digital a 7,300 contribuyentes, de acuerdo con Gari Flores Hernández, administrador general de Recaudación del SAT.
Aunque un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo sugiere que la cancelación de sellos debe ser un mecanismo de última instancia, la incertidumbre persiste. Pérez de Acha concluye que la falta de criterios estables y la carga de prueba impuesta a los contribuyentes podrían derivar en una oleada de amparos que eventualmente llegarían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
