El programa Conectividad para el Bienestar ha concluido formalmente sus operaciones. Según informó el Organismo responsable vía telefónica, el proyecto no continuará funcionando y su posible reactivación está supeditada a nuevas instrucciones y a la asignación de recursos presupuestales. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que fungía como proveedor del servicio, confirmó que ha dejado de ser el suministrador del programa.
El esquema ofrecía un paquete anual individual con un costo presupuestado de 700 pesos, el cual incluía 5 GB de navegación, datos para redes sociales, 1,500 minutos de telefonía, 500 mensajes SMS y función de hotspot. Sin embargo, al agotarse la bolsa de datos y concluir el programa, el servicio no pudo ser renovado. Promtel, la dependencia encargada, reconoció que desconoce el destino de los números telefónicos asignados, por lo que no pudo precisar si fueron dados de baja o si serán reciclados por la CFE.
La crisis financiera del programa se agudizó en el segundo semestre de 2024. Ante la insuficiencia de recursos, Promtel canceló 2 millones 222,000 líneas inactivas por 90 días para intentar sostener el servicio de los usuarios activos. Posteriormente, en octubre, se realizaron gestiones ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Hacienda para obtener capital adicional, pero las solicitudes no fueron autorizadas. Aunque la CFE asumió costos operativos para mantener la conectividad hasta diciembre de 2025, la presión presupuestaria obligó a detener el programa.
El programa surgió el 20 de febrero de 2024, tras una modificación al título de concesión de la CFE por parte del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Para su primer año, se solicitaron 703,344 millones de pesos, de los cuales 649,926 millones se destinaron a subsidios y 32,496 millones a gastos operativos. A pesar de haber beneficiado a 2.9 millones de personas al cierre de 2024, la implementación mostró fluctuaciones, con picos de adiciones en periodos electorales y los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, concentrándose principalmente en Chiapas, Veracruz y Guerrero.
El abogado especialista en telecomunicaciones, Jorge Moreno Loza, cuestionó la viabilidad del programa al señalar una posible duplicidad con el proyecto 'Internet para Todos' de la CFE. Moreno Loza lamentó que la política pública se enfoque en ampliar la cobertura sin una estrategia clara de digitalización útil para sectores como la agricultura o la pesca, criticando que el esfuerzo se centre en el control de concesionarios en lugar de generar beneficios económicos y sociales tangibles.
