El reciente acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela ha generado una mezcla de expectativas económicas y profunda incertidumbre política. El pacto contempla la explotación de 17 campos petroleros que albergan 65.000 millones de barriles de reservas probadas, cifra que representa cerca del 22% de las reservas totales del país, estimadas oficialmente en 300.000 millones de barriles. Mientras el gobierno de Delcy Rodríguez sostiene que la cesión de derechos es por 25 años, Washington insiste en que el plazo es de 100 años. Las proyecciones económicas apuntan a una inversión de 100.000 millones de dólares, con ingresos para el Estado venezolano estimados en 209.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años.

La ejecución del proyecto recae en North American Blue Energy Partners (NABEP), una sociedad donde Estados Unidos posee el 35% de participación a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra. El acuerdo garantiza al Departamento de Estado el 20% de la producción a precio de costo y otorga derecho de primera opción sobre el 80% restante. La empresa es liderada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, una figura envuelta en controversias internacionales. Betancourt, quien ha sido investigado en Venezuela, Estados Unidos, España y Suiza, fue arrestado dos veces en el Reino Unido en 2025 por solicitudes de extradición de España y Suiza, aunque nunca ha sido acusado formalmente y niega cualquier irregularidad. Delcy Rodríguez defendió al empresario señalando que "él no tiene cuentas pendientes con la justicia".

El economista Leonardo Vera, de la Universidad Central de Venezuela, advirtió que, aunque el impacto económico podría ser positivo, el acuerdo es "oscuro, chucuto" y representa un retroceso en las prácticas de contratación. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha respaldado a Betancourt, calificando la operación como un beneficio sustancial para ambas naciones. No obstante, el pacto ha sido criticado por legisladores estadounidenses como Gregory Meeks y Jeanne Shaheen, quienes cuestionan la falta de un compromiso claro hacia la transición democrática en Venezuela.

El panorama de inversiones se expande con la participación de otros actores. Chevron anunció una inversión de más de 7.000 millones de dólares para duplicar su producción a 600.000 barriles diarios en cinco años. Asimismo, durante una reunión en el Palacio de Miraflores con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, se confirmaron intereses de empresas como GeoPark, Keo Capital, Primavera, Aspect Energy y GE Vernova, además de la ampliación de operaciones de la italiana Eni en el bloque Junín 5.