Un comité de derechos humanos de la ONU presentó este martes el informe titulado "La anatomía de la crueldad estatal", en el cual se denuncia que el gobierno de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, utiliza las desapariciones forzadas para silenciar la disidencia. El documento detalla la existencia de 161 casos de desaparición forzada desde 2018, de los cuales 29 personas permanecen en paradero desconocido.

El grupo de expertos, que analizó 17 casos específicos, documentó al menos ocho muertes de personas detenidas por motivos políticos. Entre las víctimas se encuentran el general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente, y el líder indígena miskito Brooklyn Rivera, fundador del partido YATAMA y exdiputado. Sobre el caso de Rivera, de 73 años, los expertos calificaron las explicaciones oficiales sobre su fallecimiento, anunciado el 31 de mayo, como contradictorias y médicamente incoherentes, señalando la falta de una autopsia independiente.

"Un Estado que recurre a la desaparición forzada y permite que personas mueran bajo su custodia no cumple con los estándares mínimos de derechos humanos exigidos para una gobernanza democrática creíble", afirmó Jan-Michael Simon, presidente del grupo de Naciones Unidas. El informe subraya que las instituciones de seguridad y justicia operan bajo una cadena de mando centralizada por Ortega y Murillo.

El contexto de estas denuncias se enmarca en una creciente restricción del espacio político en Nicaragua. En julio, Ortega anunció la eliminación de elecciones competitivas, mientras que en septiembre la Asamblea Nacional aprobó una reforma que excluye a partidos opositores y extiende los mandatos públicos. El grupo de expertos, creado en 2022, instó a la comunidad internacional a aplicar mecanismos de rendición de cuentas y jurisdicción universal, además de exigir al gobierno nicaragüense la liberación de los presos políticos y la entrega de los restos de los fallecidos a sus familias.