La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha proyectado una recaudación de 2,806 millones de pesos por concepto de cuotas compensatorias para el ejercicio fiscal 2027, lo que representa un aumento real del 50.4% en comparación con lo aprobado para 2026. Estos ingresos, clasificados como aprovechamientos, derivan de la aplicación de medidas contra mercancías importadas bajo condiciones de dumping o subvenciones, según lo establecido en la Ley de Comercio Exterior.
La operatividad de estas medidas recae en una división de responsabilidades: la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía es la encargada de investigar y determinar las cuotas, mientras que las autoridades aduaneras de Hacienda ejecutan el cobro. A pesar de la mayor carga de trabajo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027 plantea un recorte real del 41.1% al presupuesto de la UPCI.
La actividad investigadora ha alcanzado niveles históricos. En 2025, México inició 21 investigaciones antidumping, la cifra más alta desde 1994. Esta tendencia continuó en 2026, año en el que, hasta julio, se contabilizaron 14 casos acumulados. Al 31 de julio de 2026, la unidad mantenía 69 procedimientos en curso, incluyendo investigaciones antisubvención y exámenes de vigencia.
China se mantiene como el principal objetivo de estas medidas, concentrando 45 de las 97 cuotas vigentes al cierre de julio de 2026, lo que equivale al 46.39% del total. Sectores como el de metales básicos y sus manufacturas son los más afectados, representando el 61.85% de las medidas actuales. Entre los productos sujetos a cuotas recientes destacan las láminas de policarbonato chinas, con un cobro de 4.2301 dólares por kilogramo, y perfiles de aluminio, con cuotas que varían según su origen entre Estados Unidos y China.
Desde 1987, México ha iniciado 413 investigaciones sobre remedios comerciales, resultando en 244 medidas compensatorias. El contraste entre la meta de recaudación y la reducción de recursos para la UPCI plantea un desafío técnico y jurídico, dado que la unidad debe defender sus resoluciones ante tribunales nacionales e internacionales mientras gestiona un volumen creciente de expedientes.
