CIUDAD DE MÉXICO. — En el marco de la mesa de análisis "Regulación de la IA en México", celebrada el martes 22 de septiembre de 2026 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), diversos expertos señalaron que el país enfrenta un rezago en la definición de su papel frente a la inteligencia artificial. Aunque el Congreso avanza en la creación de una ley general, los especialistas subrayaron la urgencia de establecer una estrategia nacional integral.
El senador Rolando Zapata Bello defendió la creación de una ley basada en principios y flexible, que involucre a los sectores público, privado, social y académico. Propuso que la normativa obligue al Estado a generar una estrategia nacional y que establezca una distinción clara entre sistemas de alto riesgo y aquellos que pueden operar bajo autorregulación. Por su parte, el diputado Hugo Luna Vázquez sugirió que la ley actúe como un "plan de vuelo" breve, dejando los detalles técnicos para reformas sectoriales en ámbitos como salud, educación, finanzas y propiedad intelectual.
Desde la academia, Pablo Pruneda Gross, del IIJ de la UNAM, advirtió que México ha llegado tarde al debate regulatorio, instando a aprender de los modelos de Europa, Estados Unidos y China sin replicarlos ciegamente. Salma Jalife, presidenta de Centro México Digital, enfatizó que el Estado debe fomentar un diálogo inclusivo entre autoridades, empresas y sociedad civil, advirtiendo sobre la carencia de infraestructura e inversión para el desarrollo tecnológico propio.
En cuanto a la gestión de recursos, Alberto Farca, también de Centro México Digital, destacó que el desarrollo de IA nacional depende del acceso a datos públicos utilizables, mientras que Sergio López Ayllón, investigador de la UNAM, cuestionó la viabilidad de una ley sin definir previamente quién la aplicará y con qué recursos. Finalmente, Héctor Cárdenas, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y Daniel Mancilla, de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), coincidieron en que las iniciativas actuales reflejan una falta de visión compartida sobre el futuro tecnológico del país, subrayando la necesidad de integrar la protección de datos y la gobernanza digital en el debate.
