ATIZAPÁN, Edo. Méx. — La reciente masacre ocurrida en Atizapán, a pocos kilómetros de la capital del país, ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la crueldad y la seguridad en México. El acusado, identificado como Diego Sebastián N, fue trasladado a prisión este viernes bajo un fuerte dispositivo de seguridad, mientras la sociedad cuestiona los motivos detrás de un crimen que acabó con la vida de un teclista de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Honas Meléndez, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años, la niñera de 21 años y la mascota de la familia. Solo un menor de seis años sobrevivió al esconderse en el domicilio.
Las investigaciones, confirmadas por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, apuntan a que el móvil del crimen estaría relacionado con una disputa económica entre el agresor y el músico, quienes compartían un negocio de renta de casas de lujo. Según fuentes cercanas al caso, Diego Sebastián N, quien ya era buscado por la Fiscalía del Estado de México por fraude, habría premeditado el ataque, adquiriendo cinta adhesiva y otros utensilios con antelación.
El doctor en Derecho por la UNAM, José Luis Álvarez León, calificó el hecho como un acto de "maquinación, premeditación y alevosía". Por su parte, la doctora Yuriria Rodríguez, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señaló que el caso horroriza a la población al ocurrir en el ámbito íntimo y familiar, rompiendo la percepción de seguridad cotidiana.
Este suceso ocurre en un contexto donde el Gobierno de Claudia Sheinbaum reporta una disminución del 51% en los homicidios respecto a hace dos años, con un registro de 28,000 asesinatos en el último año según el INEGI. No obstante, expertos como la antropóloga Rita Segato advierten que la repetición de estos actos genera una "normalización de un paisaje de crueldad" que persiste en la memoria colectiva del país.
