SAN SALVADOR, El Salvador. — En un país donde el sistema penitenciario ha absorbido a miles de personas bajo el régimen de excepción, un grupo de mujeres ha formado el colectivo "Madres por la Libertad". A diferencia de las buscadoras en otros países, estas mujeres no rastrean fosas clandestinas, sino que peregrinan entre comisarías, juzgados y prisiones buscando noticias de sus hijos, esposos y hermanos detenidos desde 2022.
Marcela Alvarado, quien no tiene información sobre su hijo José Duval Mata Alvarado desde su arresto el 18 de abril de 2022 en La Noria, Jiquilisco, resume el sentir de muchas: "Desde que me lo agarraron, no lo he visto. No sé si existe o no existe". A pesar de que dos jueces han ordenado la liberación de Mata, las autoridades penitenciarias insisten en que permanece en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
El régimen de excepción, implementado por el gobierno de Nayib Bukele para desarticular pandillas, ha derivado en más de 91,000 detenciones. Liliana Urías, otra integrante del colectivo, vive una situación similar con su hijo Merlon Urías y su esposo Israel Reyes, detenidos en marzo y abril de 2022, respectivamente. "Al principio había miles de personas afuera de los centros penitenciarios, con la esperanza de que iban a salir. Hoy, cuatro años después, no queremos que se normalice y que se olvide que siguen allí dentro", afirma.
El impacto económico es devastador para estas familias, que deben costear paquetes de alimentos e higiene valorados en unos 100 dólares mensuales. Según un informe de la organización Cristosal de 2023, las mujeres son el grupo más afectado, al asumir la carga de la búsqueda, los gastos legales y el cuidado de los menores. Mientras tanto, el gobierno salvadoreño sostiene que las medidas han devuelto la seguridad al país, reportando la liberación de unas 7,000 personas y defendiendo la legalidad de sus procesos, a pesar de las críticas internacionales sobre los juicios masivos y la falta de debido proceso.
