A pesar de que LitioMX fue constituido en agosto de 2022 tras el decreto de nacionalización del litio impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la empresa estatal enfrenta un panorama presupuestario adverso que le impide cumplir con sus atribuciones estratégicas. El decreto original reservó al Estado las actividades de exploración y explotación, prohibiendo nuevas concesiones, pero la falta de capital ha estancado cualquier actividad extractiva o industrial.
Uno de los mayores desafíos es la ausencia de un censo formal sobre las reservas de litio en el país. Ni LitioMX ni el Servicio Geológico Mexicano (SGM) han determinado con precisión la ubicación o magnitud de los yacimientos. Armando Alatorre, académico del Instituto Politécnico Nacional y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, señala que, ante la falta de recursos directos, el organismo debería funcionar como un coordinador que delegue tareas a centros de investigación. Según el especialista, el SGM podría liderar la exploración, mientras que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) tendrían capacidad para investigar el litio en salmueras.
El proyecto de Bacadéhuachi, en Sonora, sigue siendo el punto de mayor incertidumbre. El desarrollo de este yacimiento permanece detenido debido a un litigio entre el Estado mexicano y la empresa china Ganfeng Lithium, la cual inició un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial tras la cancelación de sus concesiones. Asimismo, los planes anunciados por Pemex y el IMP para explorar litio en salmueras en Tabasco y Veracruz no presentan avances registrados.
La situación se agrava con los recortes presupuestales proyectados para 2027 en instituciones clave. El Instituto Mexicano del Petróleo recibirá 7,329 millones de pesos, lo que representa una reducción real del 30.9% respecto a los 10,282 millones de 2026. Por su parte, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) contará con 32,335 millones de pesos (una caída real del 2%), y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) operará con 5,270 millones, un 6.6% menos en términos reales que en el ejercicio anterior.
