DÜSSELDORF, Alemania. — Hendrick Wüst, ministro-presidente del estado federado de Renania del Norte-Westfalia (NRW) y líder regional de la Unión Cristianodemócrata (CDU), ha propuesto formalmente la creación de un grupo de trabajo especializado para evaluar la viabilidad de un procedimiento legal contra el partido Alternativa para Alemania (AfD). La iniciativa surge tras el reciente éxito electoral de la formación en Sajonia-Anhalt, donde ha sido catalogada como "de extrema derecha confirmada" y se perfila para formar su primer Gobierno regional.
Wüst subrayó que, aunque el análisis debe ser exhaustivo, la prohibición de un partido político debe considerarse únicamente como un "último recurso para proteger nuestra Constitución". El político enfatizó que el grupo de trabajo debería integrar a expertos de la Oficina para la Protección de la Constitución, abogados constitucionalistas y representantes gubernamentales de los niveles federal y estatal. "La cuestión fundamental es cómo el Estado aborda constitucionalmente a un partido que persigue objetivos anticonstitucionales, al menos en algunos estados federados", declaró.
La propuesta ha generado reacciones encontradas dentro del espectro conservador. Markus Söder, ministro-presidente de Baviera y líder de la CSU, expresó su escepticismo ante la medida, advirtiendo que un proceso de esta naturaleza podría prolongarse durante años y, potencialmente, convertir a la AfD en una figura de "mártir". Söder abogó por combatir a la formación mediante argumentos políticos más claros en lugar de recurrir a la vía judicial.
El debate se intensifica ante la creciente influencia de la AfD en las estructuras de poder estatal. El pasado 8 de septiembre de 2026, durante la feria "Digital X" de Deutsche Telekom, Wüst advirtió sobre las implicaciones de un Gobierno de la AfD, señalando que tendrían la capacidad de nombrar jefes de policía y tribunales, afectando el monopolio estatal del uso de la fuerza. Actualmente, la AfD sigue bajo vigilancia de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución como "presunta organización extremista", a la espera de una resolución definitiva del Tribunal Administrativo de Colonia.
