México se posiciona como el sexto país a nivel mundial con mayor dependencia del efectivo, registrando que el 80% de las transacciones diarias se realizan con dinero físico, según datos de la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Forex Cash Index 2025. Esta cifra coloca al país al mismo nivel que Jamaica, superando a naciones como Colombia (70%), Chile y Perú (60%), aunque por debajo de Etiopía (95%), Pakistán (90%), e Irak y Cuba (85%).
Ante este panorama, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una iniciativa de Ley de Economía Digital que otorga facultades a la Secretaría de Hacienda para determinar sectores estratégicos y actividades relevantes donde los pagos digitales podrían convertirse en la única forma de pago aceptada. El artículo 13 del documento establece que, una vez aprobada la ley, las autoridades sectoriales tendrán un plazo de 15 días hábiles para emitir las reglas de operación, plazos y condiciones para esta transición.
El primer experimento de esta estrategia se enfoca en gasolineras y casetas de cobro. Emilio Romano, presidente de la ABM, reafirmó el compromiso del sector bancario: “El compromiso de la banca que adquirimos es: nosotros vamos a estar listos en terminalizarlos, en que todas tengan una terminal perfectamente capaz de recibir cualquier pago digital en la fecha que sea requerido”. Romano añadió que trabajan estrechamente con el gobierno para llevar el consumo de gasolina y las cuotas de peaje a un “mundo digital pleno”.
La estrategia también busca potenciar herramientas existentes como CoDi, que permite pagos mediante códigos QR, y DiMo, que facilita transferencias vía número telefónico. Según cifras del Banco de México, entre octubre de 2019 y julio de 2026 se han registrado 21.5 millones de operaciones con CoDi. La iniciativa también integra la CURP Digital como mecanismo de identidad para la contratación de servicios financieros.
No obstante, la propuesta ha generado alertas entre especialistas. La firma Asimetrics Abogados advirtió que la facultad de prohibir el efectivo en sectores completos podría interferir con la ley antilavado, señalando que “la iniciativa no elimina el riesgo de lavado; puede transformar su forma de materialización y trasladarlo hacia canales digitales”. Firmas como White & Case y RMR Abogados subrayaron la ausencia de un régimen sancionador directo, mientras que FinTech México, aunque respaldó la iniciativa, instó a las autoridades a establecer plazos de implementación graduales para asegurar la competitividad y la inversión en el ecosistema digital.
