Brasil, reconocido como el mayor productor de carne bovina a nivel mundial, enfrenta un duro golpe comercial tras la entrada en vigor de una prohibición de la Unión Europea (UE) sobre sus productos de origen animal. La medida, justificada por Bruselas bajo criterios sanitarios, responde a la incapacidad del país sudamericano para demostrar un uso responsable de antimicrobianos —incluyendo antibióticos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios— en la cría de su ganado. Esta decisión se enmarca en una estrategia europea para combatir la resistencia a los antibióticos, considerada un problema de salud pública global.
El veto, anunciado inicialmente en mayo, afecta a la carne roja, aves, huevos, pescado y miel. El impacto económico es significativo, dado que el año pasado Brasil fue el segundo mayor proveedor de carne bovina para la UE, exportando cerca de 370,000 toneladas por un valor aproximado de 1,800 millones de dólares. Los principales destinos europeos para este producto son España, Italia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos.
La Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carne ha manifestado su preocupación, señalando que la sustitución del mercado europeo no es inmediata. Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, André de Paula, calificó el veto como “inadmisible” y confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la supervisión del presidente Lula, trabaja en las negociaciones. A pesar de la tensión, la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, declaró esta semana: “Podemos confiar plenamente en Brasil y en su compromiso de resolver esta cuestión, para que podamos retomar las importaciones cuanto antes”.
Mientras que el sector mantiene expectativas de una pronta resolución para la carne de aves y la miel tras una auditoría, el caso de la carne bovina se perfila como más complejo debido a los tiempos del ciclo de producción. Algunos sectores en Brasil sugieren que el veto podría ser una estrategia política de Bruselas para calmar al sector agrícola europeo, especialmente tras la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial con el Mercosur en mayo, aunque oficialmente los argumentos europeos se mantienen estrictamente técnicos.
