MADRID, España. — La justicia española ha determinado investigar formalmente la crisis migratoria ocurrida en Ceuta a finales de julio, un caso que será instruido por la magistrada María Tardón de la Audiencia Nacional. La decisión cuenta con el aval de la fiscalía, que sostiene la existencia de posibles delitos graves, incluyendo el favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio, lesiones por imprudencia grave y organización criminal.
De acuerdo con un nuevo informe de la Guardia Civil entregado a la jueza, aunque existían advertencias sobre una posible llegada masiva, la magnitud de los hechos superó las previsiones del gobierno español. Se estima que entre el 30 y el 31 de julio ingresaron entre 75 mil y 95 mil migrantes a través de las fronteras marítima y terrestre de Ceuta, dejando un saldo provisional de 141 personas fallecidas.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, señaló que los hechos investigados corresponden a fenómenos criminales complejos. La fiscalía detalló que, si bien la planificación y coordinación logística habrían ocurrido en territorio marroquí, los efectos y la ejecución material tuvieron lugar en suelo español. Asimismo, un informe de la unidad de frontera e inmigración de la Policía Nacional sugiere que la entrada pudo haber sido guiada por agentes de la gendarmería marroquí.
La magistrada Tardón ha mantenido su postura a pesar de las críticas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien cuestionó el manejo de los informes policiales. Ante esto, la Sala de la Audiencia Nacional respaldó a la jueza, afirmando que su actuación busca la preservación y defensa del interés general de España.
En otros hechos ocurridos en Ceuta, la asociación Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente presentó una denuncia por la muerte violenta de una cría de delfín en la playa del Trampolín, presuntamente golpeada por migrantes tras aparecer desorientada.
Por otra parte, Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha solicitado su absolución en el proceso que enfrenta por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Gómez sostiene que no utilizó su vínculo matrimonial para obtener beneficios económicos. El juicio está programado para 2027 y será resuelto por un jurado popular.
