BELO HORIZONTE, Brasil. — Un tribunal brasileño ha decretado la suspensión de las autorizaciones medioambientales de Sigma Mineração SA, filial de Sigma Lithium Corp., ordenando el cese inmediato de todas las operaciones extractivas en el proyecto Grota do Cirilo, uno de los yacimientos de litio más importantes del país. La resolución judicial responde a una medida cautelar solicitada por la Federación de Comunidades Quilombolas del Estado de Minas Gerais, la cual cuestiona la distancia reportada por la empresa entre la mina y el territorio tradicional de la comunidad quilombola de Baú.

El complejo Grota do Cirilo, ubicado en el denominado 'Valle del Litio' en el estado de Minas Gerais, es considerado uno de los depósitos de litio en roca dura más grandes a nivel mundial e incluye una planta de procesamiento adyacente. Según el tribunal, las instalaciones se encuentran dentro del área de influencia directa de la comunidad de Baú, por lo que el proyecto debe someterse a estudios específicos sobre sus impactos en las comunidades tradicionales afrobrasileñas.

Por su parte, Sigma Lithium ha defendido que sus operaciones se sitúan fuera del perímetro de impacto de ocho kilómetros y que sus autorizaciones cumplen con la legislación vigente. La compañía también argumentó que la falta de títulos de propiedad definitivos sobre las tierras impediría activar los mecanismos de protección para las comunidades quilombolas.

No obstante, el juez Antonio Lucio de Oliveira Barbosa determinó que "el riesgo de daños se deriva del hecho de que el complejo minero opera de forma continua, extrayendo recursos y llevando a cabo constantes voladuras y movimientos de tierra a solo unos kilómetros del territorio tradicional". Además de la paralización, el magistrado instruyó a los organismos ambientales de Minas Gerais a no otorgar nuevas licencias a la empresa mientras la medida esté vigente.

Este proyecto ya había enfrentado una interrupción en julio, cuando la autoridad ambiental local embargó las instalaciones en los municipios de Araçuaí e Itinga tras una inspección en mayo que detectó supuestas infracciones. En aquella ocasión, Sigma Lithium rechazó haber incumplido la normativa y reanudó operaciones el mes pasado tras un acuerdo con el Gobierno estatal.