BOGOTÁ, Colombia. — El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ha emitido una orden judicial que obliga al presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) a ocultar temporalmente diversas publicaciones de sus cuentas oficiales en redes sociales. La medida surge tras una acción de tutela interpuesta por el representante del Partido Verde, Santiago Osorio, quien argumentó una posible vulneración de derechos fundamentales, con especial énfasis en la protección de menores de edad.
La resolución judicial se centra en los contenidos difundidos los días 2 y 4 de septiembre a través de la cuenta de Instagram @infopresidencia. El juez determinó el ocultamiento de dichas publicaciones mientras se emite un fallo en firme, aclarando que esto no constituye una eliminación definitiva. El Gobierno cuenta con un plazo de dos días para presentar su defensa ante el tribunal.
Las imágenes en cuestión documentan la gestión del mandatario, quien asumió el cargo hace un mes con una política de seguridad enfocada en el combate a grupos criminales. Entre los registros se encuentra la Operación Azarías, realizada en Miraflores, Guaviare, donde De la Espriella fue captado caminando entre al menos 23 cuerpos de presuntos disidentes de las FARC. Asimismo, el 4 de septiembre, tras la Operación Centinela de la Patria en Riohacha, el presidente ofreció una conferencia de prensa junto a cuatro cadáveres, entre ellos el de Naín Andrés Pérez Toncel, alias "Bendito Menor", vinculado a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS).
La exhibición de estos cuerpos ha generado un intenso debate político. La defensora del Pueblo, Iris Marín, criticó la estrategia al señalar que "el Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel". Según cifras oficiales, las operaciones militares recientes en la Amazonía y zonas fronterizas con Venezuela han dejado un saldo de al menos 42 muertos, entre ellos seis menores de edad.
El proceso judicial también ha vinculado a Meta, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes deberán participar mientras se resuelve el fondo de la tutela.
