El presidente de Argentina, Javier Milei, ha puesto en marcha una ofensiva diplomática y legal contra las compañías petroleras que desarrollan actividades en las Islas Malvinas/Falklands. En una cadena nacional, el mandatario identificó al yacimiento Sea Lion como un "peligro claro y urgente", advirtiendo que su gobierno no permitirá la explotación de recursos que considera parte de la plataforma continental argentina.
El proyecto Sea Lion, descubierto en 2010 y ubicado a unos 220 km al norte del archipiélago, es impulsado por la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Con una inversión proyectada de aproximadamente 2,200 millones de dólares, el yacimiento cuenta con un potencial estimado de 1,700 millones de barriles de petróleo. Las empresas obtuvieron la Decisión Final de Inversión (FID) el 10 de diciembre de 2025, con planes de iniciar la extracción en marzo de 2028.
Milei fue enfático al dirigirse a los inversionistas: "Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad". El gobierno argentino planea extender las sanciones no solo a las empresas, sino también a sus accionistas, directivos y proveedores, lo que podría complicar las operaciones de estas compañías en otros proyectos dentro de Argentina, como Vaca Muerta.
Por su parte, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration emitieron un comunicado conjunto asegurando que operan bajo licencias válidas otorgadas por el gobierno local de las Islas Malvinas y que cuentan con el respaldo del Reino Unido. La administración británica reiteró que su posición sobre la soberanía del archipiélago es "inquebrantable".
El anuncio ocurre en un contexto de alta sensibilidad política, marcado por recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la disputa territorial y la necesidad de Milei de consolidar su apoyo interno ante una popularidad cercana al 34% y la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027. Mientras tanto, organizaciones como el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas han interpuesto demandas judiciales para frenar el proyecto, argumentando riesgos ambientales para los ecosistemas del Atlántico Sur.
